El caso de Josep Santacana,
exmarido de la famosa tenista Arantxa Sánchez Vicario, ha sido
foco de atención en los medios, especialmente por su relación con la gestión de
su patrimonio. Recientemente, se ha confirmado que Santacana continuará en
prisión, enfrentándose a acusaciones graves relacionadas con delitos económicos
que no solo afectan su situación personal, sino que también arrojan luz sobre
cómo se manejaron los bienes de la tenista.
En este artículo, te
explicaremos de forma clara qué delitos se le imputan a Josep Santacana, en qué
consiste el proceso judicial que enfrenta y qué consecuencias legales puede
tener una condena de este tipo
La reciente sentencia relacionada con José María
Mainat ha sido un tema de conversación en numerosos medios. El conocido
productor de televisión ha estado en el centro de la polémica tras las
acusaciones en su contra, y el fallo judicial ha generado mucho interés. Aquí
te explicamos de manera sencilla qué ha pasado, qué consecuencias tiene y qué
lecciones podemos extraer de este caso desde un punto de vista legal.
El
homicidio imprudente es uno de los delitos más serios en España, y entender en
qué consiste puede ayudarte a manejar mejor la situación si te ves envuelto en
una acusación de este tipo. A diferencia del homicidio intencional, el
homicidio imprudente ocurre cuando una persona provoca la muerte de otra de
manera involuntaria, es decir, sin intención de causar daño (sin dolo), pero
debido a una conducta negligente o irresponsable.
Este artículo está pensado
para aclararte qué es exactamente el homicidio imprudente, qué factores
influyen en las penas y qué implicaciones legales puedes enfrentar si te acusan
de este delito.
Es muy importante que nuestros/as clientes/as
tengan claro que cuando son condenados a una pena de multa deben cumplirla,
puesto que en caso de incumplimiento puede entrar en juego el artículo 53 del Código
Penal o, lo que es lo mismo, la responsabilidad personal subsidiaria en caso de
impago de multas, que implica que por cada dos cuotas diarias de multa impagada
el penado/a será condenado a un día de privación de libertad. En caso de delitos
leves (las antiguas llamadas faltas)
a un día de localización permanente.
En el caso de
incumplimiento de pago de las penas de multa se nos puede llegar a condenar al
ingreso en prisión.
EL
ARTÍCULO 53 DE NUESTRO CÓDIGO PENAL DISPONE:
1.
Si el condenado no satisficiere,
voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a
una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá
cumplirse mediante localización permanente. En este caso, no regirá la
limitación que en su duración establece el apartado 1 del
artículo 37.
También podrá el juez o
tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad
subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En
este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de
trabajo.
2.
En los supuestos de multa proporcional los Jueces y Tribunales establecerán,
según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que
proceda, que no podrá exceder, en ningún caso, de un año de duración. También
podrá el Juez o Tribunal acordar, previa conformidad del penado, que se cumpla
mediante trabajos en beneficio de la comunidad.
3. Esta responsabilidad
subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad
superior a cinco años.
4.
El cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria extingue la obligación de
pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado.
5.
Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica,
durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en
peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de
trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la
persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de
apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal
podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.
El
Artículo 384 del Código Penal dispone:
“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos
de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos
asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis
meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras
haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por
decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin
haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”.
CONSEGUIMOS EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LA CAUSA
El tipo del art. 384 del CP sólo es aplicable al que no haya
obtenido nunca ningún tipo de permiso de circulación. Si el permiso está
caducado no se aplica este tipo penal, sino la correspondiente infracción
administrativa, tampoco es delito conducir un camión con una licencia de
circulación, también sin perjuicio de la infracción administrativa.
EL
ARTÍCULO DEL CÓDIGO PENAL DICE: SIN HABER OBTENIDO NUNCA
PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Sin
embargo, hecha la consulta a la Dirección General de Tráfico resulta que nuestro
cliente tiene licencia de conducción de ciclomotores, aunque caducada, por lo
que no le es imputable este tipo penal, en aplicación de los principios de in
dubio pro reo del art. 24 del CE y el principio de legalidad y taxatividad de
las leyes penales establecido en el art. 4 del Código Penal."
El
juicio contra Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano
colombiano Edwin Arrieta, ha concluido este jueves en Tailandia. Este caso ha captado
la atención internacional debido a su gravedad y las implicaciones legales y
sociales que conlleva. En este artículo, te explicamos en detalle lo ocurrido y
qué esperar en los próximos pasos del proceso judicial.
El conocido futbolista Dani Alves es actualidad,
todos los focos están puestos en él y en el caso legal al que se enfrenta. Este
ícono del futbol ha pasado de los titulares deportivos a las páginas de los
tribunales, enfrentándose a acusaciones de presunto abuso sexual a una mujer.
El caso legal ha mantenido en vilo a la opinión
pública, el juicio de Dani Alves por agresión sexual ha llegado a su fase
decisiva. La Audiencia de Barcelona ha sido testigo de un proceso complejo y
polémico que ha involucrado a la estrella del fútbol en un caso que ha generado
controversia y debate.
Desde Antolino Advocats queremos, con este artículo,
analizar los entresijos de este caso, desde sus orígenes hasta las posibles
resoluciones, examinando el proceso legal con detalle y objetividad.
En estos días se inicia el juicio por el asesinato
de Edwin Arrieta, y el caso de Daniel Sancho se encuentra en una encrucijada importante.
El equipo legal del hijo de Rodolfo Sancho está ultimando una nueva estrategia
de defensa que podría cambiar el curso de los acontecimientos: la presentación
de un testigo protegido. Este nuevo movimiento busca obtener el respaldo de un
testigo clave, cuya declaración podría resultar determinante para el futuro de
Daniel Sancho en los tribunales tailandeses.
Fueron
muchas las razones que me llevaron a ser abogada. Lo fundamental fue mi manera
de ser, por mi sentido de justicia. Además, me influyeron mucho las películas,
el cine…
Antes de
querer ser abogada quise ser médico, pero al final cambié las ciencias puras
por las letras mixtas, y estudié la carrera de Derecho en la Universitat Pompeu
Fabra, esto fue un orgullo para mí porque la nota de corte era muy alta y era
una universidad a la que era muy complicado acceder.
Muchas veces os preguntáis
si es delito o no grabar una conversación telefónica.
Lo cierto es que la respuesta tiene
muchos matices
que hay que tener en cuenta a la hora de aventurarse a grabar una conversación,
ya sea por motivos personales o de otra índole.
La realidad es que grabar una conversación sin
consentimiento puede constituir una
grave invasión de la
privacidad según el
artículo
197.1 del Código Penal. Según esta disposición, quienes
cometan este delito pueden ser condenados a hasta cuatro años de prisión.
Este método puede ser considerado una invasión de la
privacidad de otra persona y usarlo para descubrir secretos puede tener
consecuencias importantes para el individuo.
La justicia restaurativa es un enfoque creciente
dentro de sistema judicial que se ha convertido en un enfoque valioso y eficiente
en el abordaje de los conflictos y la delincuencia. Mientras el modelo
tradicional de justicia se centra en el castigo y la reparación, la justicia
restaurativa se basa en la reparación del daño causado a las víctimas,
fomentando la responsabilidad y la reconciliación entre las partes involucradas.
El objetivo de la justicia restaurativa es transformar nuestra comprensión y
aplicación de la justicia social.
¿Ha oído hablar alguna vez sobre el derecho penal? Si lo ha hecho, ¿se ha planteado quién es el profesional que se encarga de los expedientes jurídicos que engloban esta especialidad? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, quien lo hace es un abogado penalista. Si necesita ayuda para resolver cualquier tipo de problema legal relacionado con la vulneración de sus derechos penales, la mejor opción para usted es acudir a un letrado con experiencia y altamente cualificado, como los que encontrará en el bufete barcelonés, Antolino Advocats.
Cuando hablamos de libertad provisional nos referimos a una medida cautelar personal, en el que el investigado por un delito puede quedar a la libertad, pero a través del cumplimiento de unas determinadas obligaciones, que aseguren sobretodo que el investigado estará en todo el proceso judicial y no se sustraerá de la acción de la justicia. Por ello, una persona cuenta con una libertad provisional cuando hay indicios que ha cometido un delito, pero no es necesario que esté en prisión provisional hasta el día del juicio.
Proporcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, jurisdiccionalidad y variabilidad son términos que deben estar a la orden del día en un caso de libertad provisional. Normalmente, los detenidos no suelen entrar en prisión provisional.
Todo error judicial debe ser REPARADO. En este caso, queremos hablar sobre aquellas indemnizaciones que se dan a las personas que han cumplido prisión preventiva pero que, posteriormente, se han sido consideradas inocentes por Sentencia firme.
Se Está cometiendo un delito de agresión sexual. Desgraciadamente, son cada vez más las noticias de las agresiones sexuales cometidas, por lo que debemos concienciar a la sociedad sobre esta vulneración y luchar para eliminar y evitar estas agresiones. ¡Y el Gobierno y la justicia tienen un papel muy importante!
Este delito se encuentra en el
Título VII de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales; en el
Código Penal de los artículos 178 al 180, y en el
Capítulo I de las agresiones sexuales. Es por ello que en el artículo 178 del CP se define el delito de agresión sexual de esta manera:
De hecho, este fin de semana se organizó una manifestación neonazi, recorriendo Chueca entre gritos homófobos, odas a Hitler y cánticos como cara al sol. En el 2020 se llegaron a realizar 1 401 denuncias de delitos de odio. Por ello, hoy en Antolino Advocats queremos tratar el tema del delito de odio y de la evolución del tratamiento jurídico de la homofobia.
Cuando un juez sentencia el indulto significa que ha dado el perdón parcial o total a aquella persona que estaba condenada por una sentencia penal firme y, por ende, queda libre de toda responsabilidad
penal. El Indulto se encuentra regulado en el artículo 130.4 del Código Penal, reconociendo el delito, pero excluyéndole de la pena. Una renuncia basada por razones de oportunidad, conveniencia pública o de equidad. En este artículo, le contamos más sobre este particular.
A veces el indulto está
erróneamente ligado con la amnistía. La diferencia entre ambas es muy clara: la amnistía perdona el delito, el indulto no, sólo perdona la pena. Aunque. Además de que la amnistía afecta a una pluralidad de personas y extingue la responsabilidad civil, a diferencia del indulto.
Pero
¿quién tiene el poder de indultar a una persona? El
Gobierno, porque cree que el tribunal no ha tenido en cuenta una serie de
circunstancias que afectan al acusado y, por lo tanto, considera oportuno
aceptar el delito pero excluirlo de la pena; y el
Rey, quien, según la Constitución tiene el poder de ejercer el derecho de gracia como arreglo a la Ley. Aunque, en realidad, quien
tramita el indulto en el
Ministerio de Justicia es el Consejo de Ministros.
En España se realizan pocos indultos. De hecho, desde el 2016 se han concedido unos 50 indultos por año.
Nuestro defendido venía siendo acusado de un delito de
robo con violencia e intimidación uso de
armas o instrumentos peligroso del artículo 242.1 y 3 del Código Penal y un
delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal.
SENTENCIA ABSOLUTORIA CON TODOS LOS PRONUNCIAMIENTOS
FAVORABLE PARA NUESTRO CLIENTE
Sin
embargo, y tras ejercer su defensa en juicio y crear dudas, más que razonables,
conseguimos que el Juzgador tuviese dudas acerca de si nuestro cliente efectivamente
participó en los hechos objeto de autos, razones que justifican el dictado de
una sentencia absolutoria con toda clase de pronunciamientos favorables.
EL
JUZGADOR DISPONE QUE NO CABE EFECTUAR PRONUNCIAMIENTO NINGUNO EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL, AL NO EXISTIR RESPONSABILIDAD PENAL
En
un indicio, la víctima del delito hizo un reconocimiento fotográfico de nuestro
cliente, más tarde lo reconoció en la rueda de reconocimiento, pero en el acto
del juicio oral se contradijo bastante porque habló de un menor que participó
en los hechos pero no supo decir con claridad y precisión qué tipo de
participación tuvo en los hechos.
Dijo
que lo que le llamó la atención de la persona que confundió con nuestro cliente
fue precisamente su particular voz. Sin embargo, cuando interrogué a los Mossos
d´Esquadra (cuatro agentes) que participaron en la detención, dijeron que
reconoció a dos sin ningún género de dudas, y estaban a una distancia de unos
3-5 metros. En ningún momento dijo que hubiese hablado con ellos o que
reconociese a alguno por la voz, sino que los Mossos dijeron que el
reconocimiento se hizo por características físicas.
La víctima también cayó en contradicción cuando dijo en sede policial que los
agresores le habían enseñado un cuchillo para amedrentarlo. Sin embargo, en el
momento de declarar en el juicio dijo que nadie le enseñó ningún cuchillo ni
arma peligrosa. Luego, empezaron a haber serias contradicciones que han llevado
a un dictado absolutorio en favor de nuestro cliente, en base, entre otros principios
del derecho penal, al de
IN DUBIO
PRO REO (en caso de dudas siempre se resolverá a favor del
acusado) y el de
PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA.
Así pues, dicha arbitrariedad, cometida siempre o por una autoridad o un funcionario público
debe ser grave y objetiva, incompatible a lo que se establece en el Ordenamiento Jurídico, desbordando, por ello, la legislación vigente.
A continuación, detallaremos el caso de los tres tipos de prevaricación que presenta el Código Penal:
Como
especialistas en Derecho Penal, en
Antolino Advocats queremos abordar un tema muy hablado actualmente: la ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y CORRUPCIÓN DE NEGOCIOS. Delitos que están muy a la orden del día y que han tenido que ser modificados tras el planteamiento de numerosos interrogantes, para adecuarse a la sociedad de hoy en día, tipificándose como un delito de estafa y de extorsión.
Cada vez es más común encontrar en titulares en los medios de comunicación el término
“comisión rogatoria”, ya que son muy comunes los casos relacionados con fraudes fiscales, con corrupción y con cuentas en paraísos fiscales. En esta ocasión, desde
Antolino Advocats, hablamos sobre este instrumento jurídico.
En esta nueva entrada de nuestro blog, desde
Antolino Advocats vamos a responder a una pregunta muy común entre la población:
“¿qué pasa si una persona no se presenta a un juicio cuando ha sido previamente citada?” Hablemos sobre
rebeldía procesal y sus consecuencias.
El
artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconocía el derecho a una indemnización a aquellos que, “después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre”. Por tanto, tan solo se preveía remunerar económicamente a alguien cuando se demostrase que los delitos por los que hubiera sido encarcelado no hubieran existido.
En julio de 2019, el Supremo modificó dicho artículo, pues declaró inconstitucional la limitación que se aplicaba a estos casos. Estableció que “tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre,
siempre que se le hayan irrogado prejuicios”.
No se ven afectadas por este cambio en la sentencia las personas que han recibido su sentencia absolutoria antes del cambio de reglas en 2019
Nuestra defendida venía siendo acusada de un delito de quebrantamiento de condena, tipificado por el apartado 1º del artículo 468 del Código Penal, por no haber realizado los trabajos en beneficio de la comunidad a que venía obligada.
Estamos muy satisfechos en nuestro despacho de abogados penalistas de Barcelona, Antolino Advocats, por haber conseguido una SENTENCIA PENAL FAVORABLE PARA NUESTROS CLIENTES.
Antes de entrar en materia, es importante definir brevemente este concepto. Se trata de la constancia oficial de que una persona ha sido condenada por sentencia firme por haber cometido un delito. Es decir, que la sentencia condenatoria no permita la interposición de recurso alguno.
Cuando se dicta una sentencia firme, esta es comunicada al Registro Central de Penados y Rebeldes, donde se realiza la inscripción pertinente. A partir de este momento, consta oficialmente que la persona en cuestión tiene antecedentes penales.
En el presente artículo diferenciaremos en relación con los antecedentes penales.
• Cuándo se pueden cancelar.
• Si son computables los antecedentes penales, en el caso de comisión de un nuevo delito.
Un secreto es un hecho que es conocido por una única persona o por un número limitado de
personas de su confianza. En cuanto al derecho a la intimidad personal y familiar, este hace
posible que una persona pueda proteger la información y los hechos que desee de su vida
privada. La intimidad está concebida como un bien jurídico relacionado con la libertad de acción
del sujeto.
Mientras que algunos conceptos jurídicos o penitenciarios como cadena perpetua o daños y perjuicios son conocidos por gran parte de la población, otros son grandes desconocidos. Uno de ellos es el
triple de la mayor. Sin embargo, es una de las herramientas legales más importantes para los acusados y, en consecuencia, para sus abogados.
Estamos
contentos en el despacho de abogados, ANTOLINO ADVOCATS, #despachodeabogadosdeBarcelona,
por haber conseguido que la Sección octava de la Audiencia Provincial de
Barcelona reforme el auto de detención de nuestro defendido, que se encontraba
en BRIANS-1, y acuerde su libertad provisional.
Se
llevó a cabo la llamada comparecencia del artículo 505 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para resolver sobre si nuestro defendido seguía en
prisión provisional hasta el día del juicio (se trata de la imputación de un
delito contra la salud pública) o permanecía en prisión provisional por no
quedar asegurada su comparecencia el día señalado para el juicio oral.
Conseguimos,
mediante sencillos argumentos, que el Magistrado dejara en libertad a nuestro
cliente hasta el juicio oral por existir un error en el domicilio al que le
enviaron la citación judicial y el domicilio verdadero donde vive, corregido el
error, se desvaneció el motivo que hacía sospechar que el Sr. no comparecería
el día del juicio.
A
continuación, como solemos hacer siempre, les dejamos un pdf con el fallo de la
Audiencia Provincial de Barcelona, sección 8º, Auto de fecha 15 de noviembre
del 2019 (procedimiento abreviado nº 32/2019-U).
El artículo 379.2 del Código Penal regula el delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, cuya pena mínima es o bien de 3 meses de prisión o meses de multa, o bien de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del carnet por un año y un día.
Muchas son las
noticias que aparecen día tras día relacionadas con un delito de odio. Un grupo
de personas que recrimina y agrede verbalmente en un bar a una pareja
homosexual por el mero hecho de ser homosexual; multitud de internautas
añadiendo a sus redes sociales amenazas o improperios tales como “todos los
catalanes deberían morir” o “yo también odio a X persona”.
Aunque está muy
presente en nuestras vidas, este delito sigue siendo un gran desconocido para
muchos. Desde Antolino Advocats, como despacho
de abogados penalistas de Barcelona, le invitamos a saber más sobre él.
El delito de falsedad documental es uno de
los grandes desconocidos dentro del ámbito jurídico debido, principalmente, a
su complejidad técnica y a que existen diferentes clases de falsedad
documental. Por eso, en esta ocasión desde nuestro despacho de abogados,
Antolino Advocats, respondemos a las preguntas más recurrentes entre nuestros
clientes.
Dados los
acontecimientos vividos durante los últimos días tras la
sentencia
del “procés” –acompañamos adjunta la misma, por si la quiere consultar, sin
perjuicio que más adelante haremos un estudio en profundidad sobre la misma- en
distintas ciudades de nuestro país, especialmente en Cataluña, el término “
atentado contra la
autoridad” está más candente y ocupa las primeras páginas de los periódicos
de rigor en nuestro país. Es muy posible que lo haya escuchado recientemente,
pero realmente, ¿saben qué engloba este delito, la pena que conlleva
y lo que dice al respecto el Código Penal Español?
El pasado mes de septiembre, Ana Julia Quezada, autora confesa del asesinato de Gabriel Cruz, de 8 años de edad, se convirtió en la primera mujer de España condenada a la máxima pena privativa de libertad del Código Penal de nuestro país: la prisión permanente revisable.
1.- Ámbito de aplicación del Reglamento
El Consejo de Administración de ANTOLINO ADVOCATS, S.A., en su reunión de fecha 8 de enero de 2019, ha aprobado el presente Reglamento de Canal de Denuncia.
¿Está interesado en que confeccionemos un Plan de Prevención de Delitos personalizado para su empresa? Entonces, siga leyendo y póngase en contacto con nuestro bufete de abogados, Antolino Advocats.
Desde el año 2015, con la modificación de la reforma del Código Penal español en el Congreso de los Diputados, se decretó que todas las empresas deben contar con un órgano de supervisión o un Compliance Officer o Director de Cumplimiento Normativo, ya sea en la propia plantilla o como subcontratación.
Estamos
muy satisfechos en el despacho de abogados, ANTOLINO ADVOCATS,
despacho de
abogados de Barcelona, por haber conseguido una Sentencia absolutoria, dictada
in voce, es decir, dictada de viva voz por la Juez al acabar el juicio, por la
que se absuelve a nuestro defendido del delito del que venía siendo acusado.
Concretamente, el Ministerio Fiscal y la acusación particular le acusaban por
un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género del artículo
153.1 y 3 del CP y un delito leve de daños del artículo 263.1 segundo párrafo
del Código Penal.
El Juzgado Penal nº 16 de Barcelona dicta Sentencia absolutoria a favor de nuestro cliente, imputado por un presunto delito contra la salud pública (tráfico de drogas), incluyendo en la fundamentación de su decisión una doctrina muy interesante sobre la valoración de la prueba referencial.
No es ninguna novedad para nosotros defender a nuestros clientes en los llamados delitos contra la seguridad vial, muy frecuente y desgraciadamente, en su modalidad de "conducción bajo los efectos del alcohol u otras substancias", sin embargo, no es usual que un Juzgado, en concreto el Penal 21 de Barcelona, nos conceda diferir la entrega del carné de conducir hasta un tiempo después que se dicte la ejecutoria.
Antolino Advocats es un
bufete penalista de Barcelona que cuenta entre sus especialidades con el
delito fiscal contra la hacienda pública y la seguridad social. Trabajamos proporcionando asesoramiento y representación a particulares y empresas, pero sobre todo trabajamos para garantizar la mejor defensa jurídica.
Antolino Advocats es un bufete de abogados que brinda asistencia jurídica profesional en diferentes sectores del derecho. Proporcionamos el asesoramiento y las actuaciones precisas a todos nuestros clientes, siempre desde la claridad, cercanía y seriedad, buscando la resolución a favor de nuestros defendidos en todos los asuntos que nos plantean nuestros clientes.
Somos un bufete penalista con expertos en el delito de lesiones, que podrán asesorarte y defenderte en cualquier caso relacionado.
El artículo 130 del Código Penal establece que la responsabilidad
penal se extingue por prescripción del delito.
Asimismo, el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores (tras la reforma operada por la LO
8/2006) dispone que los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben al año cuando se trata de un
delito menos grave.
Nos hemos encontrado, por tanto,
con que el Juzgado de Menores 6 de Barcelona, en el expediente 141/2017 seguido
contra uno de nuestros clientes ha considerado que, resultando de las
actuaciones que ha transcurrido sin interrupción dicho plazo de 1 año, procede
acordar la prescripción penal y el archivo del expediente, puesto que nuestro
cliente menor aparecía implicado en unos hechos
presuntamente constitutivos de un delito de robo con fuerza en grado de
tentativa.
A continuación les pasamos un pdf con la parte dispositiva del Auto nº 347/2018.
Estamos
satisfechos, en nuestro despacho de abogados de Barcelona y Arenys de Mar, por
haber conseguido que la Audiencia Provincial de Barcelona ratifique la
sentencia condenatoria de nuestro contrario en un asunto de violencia de
género.
La
Audiencia ha considerado que “es evident que l'acusat ha reconegut els fets pels
que ha estat condemnat, encara que ell
hi dona una interpretació diferent de la que ha estat valorada a la sentencia impugnada.
Però a més de les declaracions de la víctima, coherents, persistents i sense
que es puguin apreciar contradiccions en el fets nuclears, juntament amb el
reconeixement parcial dels fets per part de l´acusat i les transcripcions
testimoniades a les diligències, s'acredita la realitat dels fets denunciats i
que aquest integren el delicte lleu de coaccions doncs s'ha evidenciat de
forma clara que la conducta de l'acusat ha comportat una situació de temor a
la víctima, també una clara ansietat que ha determinat la necessitat de
tractament psicològic.
Per
tant, hem de concloure que la prova practicada a l'acte del judici s'ha
obtingut de forma regular, amb ple respecte al dret de defensa de l'acusat i
sense vulneració de les garanties processals, i que finalment constitueix prova
de càrrec suficient per desvirtuar la presumpció d'innocència i acreditar la
culpabilitat de l'acusat.
El que determina que la valoració imparcial del
jutge penal, de la prova produïda davant seu, amb plenitud d'immediació i amb
totes les garanties, no pugui ser substituïda per la parcial de qui té interès personal
en el resultat del procés.
Per
tot l'expressat procedeix la desestimació del recurs interposat”.
En Antolino Advocats, nuestro
bufete de abogados en Barcelona, contamos con abogados especializados en derecho penal económico, más en concreto en delitos fiscales, que le defenderán ante cualquier imputación por una presunta comisión de delito fiscal. Gracias a nuestros conocimientos de las normas tributarias y sus procedimientos, podremos proteger sus derechos e intereses.
El fraude fiscal se puede entender de diferentes maneras, no solamente como un daño económico. Para ser aceptado como defraudación, debe existir un ánimo de estafar, exigiéndose que:
• Haya un engaño dentro de la operación que pueda inducir a error a la Administración, provocando un perjuicio en el patrimonio.
• Que exista un ánimo estafador por parte del sujeto activo.
Es decir, que para interpretarse debidamente un fraude fiscal debe existir la decisión planeada de ocultación de hechos o bases imponibles, y/o la tergiversación de manera consciente de los hechos.
La fase de instrucción en el
proceso penal es muy importante, por ello si consideramos que no existirá
tiempo en los seis meses que concede la
LECR para concluir la instrucción deberemos solicitar la complejidad de la
instrucción, para poder desarrollar toda la prueba necesaria, ya que mucha de
la prueba que no se lleve a cabo en instrucción no podremos solicitarla en el
plenario.
Si se ha agotado el plazo de
instrucción conforme al artículo 324 de
la LECRIm no se podrán proponer nuevas pruebas.
Imaginemos el caso en que se
incoan diligencias previas en fecha 16 de febrero de 2015 y el Juzgado declara
el sobreseimiento de las actuaciones, por considerar que no existen indicios
suficientes de criminalidad contra determinado investigado/a, y este auto se
dicta en fecha31 de agosto de 2016 no podríamos proponer, en vía de recurso,
nuevos medios de prueba con ocasión de una eventual apelación, por ejemplo, ni
dejar para el plenario la declaración de la denunciada, puesto que si no se
tomó declaración en la fase de instrucción a la investigada no podrá hacerse en
fase de plenario.omes the text, it must to have "intro" webobject name.
La Constitución Española de 1978 contempla el derecho de los ciudadanos a colaborar en la Administración de Justicia, estableciendo el art. 125 de la CE que "los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine". Su objetivo se centrará en declarar los hechos recogidos en un juicio como probados o no probados, para acto seguido proclamar culpable o no culpable al acusado.
La reforma del código penal, operada en virtud de la Ley Orgánica 1/15, de 30 de marzo, entre otras cuestiones, ha despenalizado la falta de incumplimiento del régimen de visitas fijado en sentencia matrimonial en un caso de
divorcio en barcelona.
El despacho ha conseguido minorar sustancialmente la pena impuesta a una de nuestras clientes porque la juzgadora pese a considerar, en su Sentencia nº 186/15, de 20 de abril de 2015 (Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona), acreditado en el acto del juicio, en el que la denunciada reconoció haber proferido las frases recogidas en los hechos probados (injurias en soporte de audio desde su número de teléfono personal).
Delitos Societarios y su necesaria prevención
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se instaurará en España con la nueva reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2015. En consecuencia, las Empresas se encuentran obligadas a establecer reglas de control que han de acomodarse a las mejores prácticas empresariales.
Informo sobre la última Sentencia penal que ha ganado el despacho.
El despacho ha ganado un recurso de apelación que interpusimos contra un Auto dictado por el Juzgado de Instrucción 6 de Arenys, Exclusivo de Violencia sobre la Mujer, Auto número 301/15, de 10 de junio de 2015 dictado por la APB Sección 22ª, en rollo de apelación número 282/15-N. Era un Auto que decretaba la prohibición de alejamiento y comunicación de mi cliente respecto su esposa y le afectaba profesionalmente, puesto que en su negocio trabajaba la esposa, de manera que la orden le imposibilitaba ejercer su trabajo y conseguir sustento para vivir, él y su familia.
La fase de instrucción en el proceso penal es muy importante, por ello si consideramos que no existirá tiempo en los seis meses que concede la LECR para concluir la instrucción, deberemos solicitar la complejidad de la misma, para poder desarrollar todas las pruebas necesarias, ya que la prueba que no se lleve a cabo en instrucción no podremos solicitarla en el plenario.
Donde encontramos la mayor reforma es la nueva modalidad de libertad condicional, LA EXCEPCIONAL: HABER CUMPLIDO LA MITAD DE LA CONDENA MÁS UNOS REQUISITOS, que son los siguientes:
1º.- 1ª condena (que no pena) a una pena de prisión, ya que puede ser que haya tenido otras penas pero se hayan suspendido o hayan sido indultadas
2º.- La condena no puede superar los tres años, aunque haya distintas penas: 1 año, 8 meses, 6 meses…, por ejemplo. No tiene porque ser una pena única).
Nuestra Letrada, especialista en derecho penal, ocupaba la posición de
la acusación particular, en este caso, constituíamos la defensa penal de la víctima y la acusación
junto con la del Ministerio Fiscal.
Recientemente me llamó la atención un caso de error judicial publicado en la Vanguardia (6 de junio de 2014): “Muere Rafael RICARDI ROBLES, VÍCTIMA DEL MAYOR ERROR POLICIAL EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA”. (tal vez debería decir -con mayor cautela- “uno de los mayores errores policiales de la historia de España”).
Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada. En dicha resolución se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste. El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves, y se fijará por los Jueces o Tribunales, previa audiencia de las partes, atendidas las circunstancias personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena.
En el despacho se nos da la siguiente circunstancia: Uno de nuestros clientes tiene varias condenas por distintos delitos, el último de ellos por un delito de quebrantamiento y nos pregunta si en aplicación de lo dispuesto por el Código Penal de 1995 puede favorecerse del nuevo código penal.
En nuestro despacho de abogados de Barcelona, ANTOLINO ADVOCATS, nos encontramos, una vez más, con que el Ministerio Fiscal solicitó la prisión provisional comunicada y sin fianza de nuestro cliente, a quien se le imputaba la presunta comisión de un delito de robo en casa habitada castigado con pena de hasta cinco años.
Cuando hablamos de prisión provisional nos referimos a una medida cautelar que se le impone a una persona que está siendo juzgada por un delito. Esta acción se hace como medida preventiva por parte del Juez Instructor, el cual estudiará en base de que requisitos se interpondrá la prisión provisional y la duración de la misma, siendo una de las acciones cautelares más restrictivas con los derechos que existe en la actualidad.
El próximo jueves 15 de marzo llega al Congreso una de las controversias que más ampollas ha levantado tanto entre partidos políticos como entre ciudadanos. Se debatirá sobre la licitud de la prisión permanente revisable, tema que durante los últimos meses ha divido en dos a la población: unos consideran que su aplicación es una violación de los derechos humanos, y otros valoran que su régimen es adecuado para los delitos que se indicaron en su consenso en el 2015.
Después de una compleja instrucción que empezó
en el año 2014 y que ha mantenido por numerosos días a nuestro cliente en
prisión preventiva, la Juez del Juzgado de lo Penal 1 de Arenys ha considerado
inocente a nuestro cliente.
El Código Penal dice que el que matare a otro será castigado con la pena de prisión de diez a quince años. Sin embargo, estaremos hablando de asesinato cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Desde nuestro despacho de abogados de Barcelona nos encontramos ante el SIGUIENTE CASO: Uno de nuestros clientes que tiene una ORDEN DE ALEJAMIENTO VIGENTE CON RESPECTO DE LA MADRE DE SU HIJA es convocado a través de ésta para tramitar el pasaporte de la hija que ambos tienen en común.
- I.- DURACIÓN MÁXIMA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL
Pues bien, la previsión legal contemplada en el número 2 del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala: “Cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en las letras a) o c) del ordinal 3º del apartado 1 o en el apartado 2 del artículo anterior, su duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años.
Estamos relativamente contento en nuestro despacho de abogados de Barcelona, ANTOLINO ADVOCATS, por el hecho que la Audiencia Provincial de Barcelona nos ha ESTIMADO PARCIALMENTE, es decir, nos ha dado parcialmente la razón, la apelación que planteamos frente a la Sentencia que condenaba a nuestro cliente por un delito de violencia de género y le imponía una prohibición de comunicación. Esta última circunstancia dificultaba mucho a nuestro cliente la comunicación con su hijo menor de edad.
Desde
nuestro despacho de Abogados de Barcelona, Antolino Advocats, queremos hacerles
partícipes de haber conseguido que la
Audiencia Provincial de Girona, sección cuarta (penal) ratifique la resolución
del Juez de Vigilancia Penitenciaria 1 de Catalunya, y permita a nuestro
cliente disfrutar de un permiso de salida ordinario.
Desde
nuestro despacho de Abogados de Barcelona, Antolino Advocats, queremos hacerles
partícipes de un nuevo éxito en materia
penal, concretamente en derecho penal de menores.
Los recientes acontecimientos que rodean a políticos catalanes independentistas y expresidentes de clubs de fútbol, han vuelto a poner en primera plana la figura de la prisión preventiva, una de las instituciones más complejas del sistema procesal penal.
¿Necesita un abogado en Barcelona especialista en delitos relacionados con violencia en el ámbito familiar? Consúltenos gratis y sin compromiso si se encuentra en pleno proceso de búsqueda del mejor abogado para que lleve su proceso. Nos encargaremos de estudiar su caso y llevarlo ante los tribunales para obtener las medidas cautelares de protección necesarias.
El ordenamiento jurídico español, dentro del ámbito familiar, discierne entre dos tipos de violencia: la violencia doméstica o familiar, de la cual hablaremos en este artículo, y la violencia de género.
En anteriores posts les comentábamos las características de los delitos informáticos, pero también existen una serie de delitos que se pueden llegar a cometer a través del uso de aparatos informáticos, redes sociales…
Recientemente un cliente del despacho fue despedido porqué, según la empresa, había intervenido en la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes.