LA FIANZA COMO MEDIO DE EVITAR LA PRISIÓN PROVISONAL

1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

1. º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso. Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las reglas especiales para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en la sección 2.a del capítulo II del título III del libro I del Código Penal.

2. º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

3. º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:

a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley.

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona investigada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1. º de este apartado.

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del investigado o encausado en el curso de la investigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del investigado o encausado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

c) Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1. º Y 2. º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.

Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1.º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes del investigado o encausado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el investigado o encausado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad.

Pues bien, en ANTOLINO ADVOCATS, conseguimos la LIBERTAD PROVISIONAL de un cliente ingresado en prisión provisional, en base a los siguientes argumentos que esgrimimos ante el Juez.

Nuestro cliente, de origen marroquí, carecía de antecedentes penales y no había acudido  a su país en ninguna ocasión, ni tan solo en 19 años había salido de España o de territorio comunitario.

Así las cosas, parece claro que, justificándose sobradamente su arraigo en nuestro país, puesto que lleva cotizando en España desde el año 2012 y no constando contactos con el exterior, el riesgo de fuga se ve notablemente disminuido cosa que, en garantía y respeto de sus derechos fundamentales de presunción de inocencia y de libertad ambulatoria, fuerza la reconsideración de la medida acordada en la recurrida.

En la medida en que en el presente caso tan solo puede contenerse un juicio de pronóstico con base a datos justificados aquel ha de llevar a no mantener la medida de prisión provisional del investigado, puesto que la prestación de fianza y la imposición de otras limitaciones de la libertad de circulación, como la retirada del pasaporte y la obligación de acudir al Juzgado a firmar cada 15 días, so pena de entrar en prisión provisional caso de incumplir, puedan aparecer como suficientes para prever –nunca garantizar- que el investigado no se sustraerá a la acción de la justifica.

Se consideró prudente la fijación de una fianza para eludir la medida en la cantidad de 10.000 euros. Ha de tenerse en cuenta que el investigado paga 750 euros de alquiler, percibe un subsidio de 1000 euros, tiene habilidades para el trabajo deducibles de su historial laboral y aparenta un buen soporte familiar.