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EL DELITO DE MALVERSACIÓN DE FONDOS Y SU IMPACTO POLÍTICO: DE LE PEN A PUIGDEMONT
El delito de malversación de fondos es una infracción penal que atenta contra la correcta
administración de los recursos públicos. En el ordenamiento jurídico español, este delito está
regulado en los artículos 432 a 435 del Código Penal, y su comisión implica graves consecuencias
tanto para los responsables directos como para la confianza pública en las instituciones.
Tipificación del delito de malversación en el código penal español
El Artículo 432 del Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que, con ánimo
de lucro, sustraiga o consienta que un tercero sustraiga bienes públicos que tenga a su cargo,
será castigado con penas de prisión de dos a seis años, multa de seis a doce meses e
inhabilitación absoluta por un periodo de seis a diez años. Si el perjuicio causado excede los 50.000 euros, las penas se incrementan, pudiendo alcanzar hasta ocho años de prisión y veinte
años de inhabilitación.
Por otro lado, el Artículo 433 contempla la malversación por uso indebido, es decir, cuando los
bienes públicos se destinan a fines distintos para los que estaban previstos, causando un
perjuicio grave. En este caso, las penas incluyen prisión de uno a cuatro años, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años.
El Artículo 434 prevé una atenuación de las penas si el culpable ha restituido voluntariamente
los bienes sustraídos antes de la apertura del juicio oral, pudiendo reducirse la pena en uno o
dos grados.
Finalmente, el Artículo 435 amplía la aplicación de estos preceptos a los administradores o
encargados de fondos, rentas o patrimonio de entidades públicas, así como a aquellos que
administren bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública,
equiparándolos a funcionarios públicos a efectos de responsabilidad penal.
Sujetos que pueden cometer el delito de malversación
Este delito está dirigido principalmente a autoridades y funcionarios públicos que tienen bajo su responsabilidad la gestión de bienes o fondos públicos. Sin embargo, la jurisprudencia ha extendido su aplicación a personas que, sin ostentar formalmente dichas posiciones, participan en la administración de recursos públicos, como contratistas o gestores de servicios públicos.
Penas asociadas al delito de malversación
Las penas por malversación de fondos públicos varían en función de la gravedad del delito y del perjuicio económico causado:
- • Malversación Básica: Prisión de dos a seis años, multa de seis a doce meses e inhabilitación absoluta de seis a diez años.
- • Malversación Agravada: Si el perjuicio excede los 50.000 euros, las penas se incrementan a prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de diez a veinte años.
- • Malversación Superagravada: Cuando el perjuicio supera los 250.000 euros, la pena puede llegar hasta doce años de prisión.
- • Malversación Atenuada: Si el perjuicio es inferior a 4.000 euros, las penas se reducen a prisión de uno a dos años, multa e inhabilitación especial de uno a cinco años.
El caso de Marine Le Pen: condena por malversación de fondos públicos
Antecedentes del caso
Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional (anteriormente
Frente Nacional), fue acusada de desviar fondos del Parlamento Europeo para financiar
actividades de su partido en Francia. Entre 2004 y 2016, se estima que se malversaron
aproximadamente 4,1 millones de euros destinados a pagar asistentes parlamentarios que, en
realidad, trabajaban para el partido en actividades no relacionadas con el Parlamento Europeo.
Sentencia y penas impuestas
El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Correccional de París declaró a Marine Le Pen culpable de
malversación de fondos públicos. La sentencia impuesta incluye:
- • Prisión: Cuatro años, de los cuales dos son de cumplimiento efectivo bajo régimen de brazalete electrónico.
- • Multa: 100.000 euros.
- • Inhabilitación: Cinco años para ejercer cargos públicos, con aplicación inmediata, lo que le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.
Implicaciones políticas y sociales
La condena de Marine Le Pen tiene profundas repercusiones en el panorama político francés.
Su inhabilitación altera significativamente las dinámicas de cara a las elecciones presidenciales
de 2027, donde era considerada una de las principales contendientes. El partido Agrupación
Nacional enfrenta ahora el desafío de reorganizar su liderazgo y estrategia política en un
contexto de creciente escrutinio público y judicial.
Además, este caso ha reavivado el debate sobre la corrupción y la transparencia en la
financiación de los partidos políticos en Francia, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar
los mecanismos de control y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos.
Confirmación del Tribunal Supremo sobre la no amnistía a Puigdemont por malversación
El 8 de abril de 2025, el Tribunal
Supremo, a través del juez Pablo Llarena, confirmó que Carles
Puigdemont no podrá beneficiarse de la Ley de Amnistía por el delito
de malversación agravada, al considerar que los hechos atribuidos no son
subsumibles en los supuestos amnistiables previstos en la norma aprobada por el
Congreso.
La decisión, de enorme repercusión política y jurídica, se basa en la interpretación del artículo 2 del proyecto de Ley de Amnistía, que excluye de sus efectos aquellos casos en los que haya existido un ánimo de lucro o un perjuicio grave para el interés público. Según el juez instructor, la desviación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 encaja en esta categoría agravada de malversación, de modo que no puede beneficiarse de la exención de responsabilidad penal prevista en la ley.
Este pronunciamiento refuerza la idea de que la malversación de caudales públicos no puede ser trivializada ni instrumentalizada políticamente, y que debe ser valorada con criterios estrictamente jurídicos. Además, deja abierta la puerta a futuras decisiones judiciales que, caso por caso, valorarán si concurren o no los elementos excluyentes para la aplicación de la amnistía.
La decisión, de enorme repercusión política y jurídica, se basa en la interpretación del artículo 2 del proyecto de Ley de Amnistía, que excluye de sus efectos aquellos casos en los que haya existido un ánimo de lucro o un perjuicio grave para el interés público. Según el juez instructor, la desviación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 encaja en esta categoría agravada de malversación, de modo que no puede beneficiarse de la exención de responsabilidad penal prevista en la ley.
Este pronunciamiento refuerza la idea de que la malversación de caudales públicos no puede ser trivializada ni instrumentalizada políticamente, y que debe ser valorada con criterios estrictamente jurídicos. Además, deja abierta la puerta a futuras decisiones judiciales que, caso por caso, valorarán si concurren o no los elementos excluyentes para la aplicación de la amnistía.
Conclusión
El delito de malversación de fondos públicos es una infracción grave que socava la confianza en
las instituciones y perjudica el interés general. La legislación española, a través del Código Penal,
establece un marco punitivo detallado para sancionar estas conductas y prevenir su comisión.
Casos como el de Marine Le Pen en Francia evidencian la relevancia de una gestión transparente
y responsable de los recursos públicos, así como la importancia de contar con asesoramiento
legal especializado para garantizar el cumplimiento normativo y la defensa efectiva de los
derechos en procesos judiciales complejos. En este contexto, contar con el respaldo de
profesionales experimentados, como Antolino Advocats, es esencial para navegar con éxito en
el ámbito jurídico y salvaguardar los intereses tanto individuales como colectivos.
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