un juez deniega el registro de cambio de sexo a un militar. qué dice la ley de identidad de género

Hoy en día, cada vez escuchamos más sobre temas relacionados con los derechos de las personas transgénero. Sin embargo, a pesar de la creciente aceptación social, los derechos de las personas transgénero siguen siendo violados. 

En el auto, el magistrado alegó que la intención del sargento era promocionar a subteniente y que hay indicios claros de que ha querido acogerse y beneficiarse de los supuestos legitimados en la llamada Ley Trans, y con esto poder beneficiarse de la condición de ser mujer en el ejército. 

El derecho a la identidad de género es un derecho básico protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La negativa de un juez a realizar la transición podría verse como una violación de este derecho.

También la negación de la condición de transgénero puede afectar en otros aspectos legales, como puede ser el acceso a servicios médicos, la participación en algunas actividades sociales y laborales. Un ejemplo claro de ello puede ser que este militar no pueda ser atendido por un médico especialista en su género.

La Ley Trans aprobada por el Congreso de España reconoce que las personas trans tienen derecho a ser quienes son sin necesidad ni obligación de hormonarse ni presentar ningún informe médico que lo certifique, pudiendo cambiar su género en los documentos oficiales según su propio criterio. De esta manera establece que "cualquier persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida incluyendo el cambio de datos personales y el acceso a tratamientos de salud, en caso de requerirlos".

La realidad, es que, en este caso concreto, el hecho de cambiar de sexo a efectos legales no beneficia al sargento a la hora de ascender, ya que no hay medidas de discriminación positiva que diferencien a hombres y mujeres a la hora de promocionar. Esto si hubiera sucedido en el momento de ingresar en el ejército, ya que las pruebas físicas son diferentes según el sexo del aspirante.

Frente a todo esto, el Registro Civil de Gran Canaria, donde sucedieron los hechos, explica que la clave de esta determinación no se encuentra en la Ley trans sino en la directriz tercera de la instrucción que promulgó el 26 de mayo la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre la rectificación registral. En esta directriz se establece que el encargado del registro debe velar por el buen uso de esta ley para que no se produzca fraude o abuso de derecho.

En primer lugar, la decisión de un juez se puede apelar, ante el mismo Tribunal que dictó el auto (o la sentencia), o bien ante el Tribunal Superior que tendrá la competencia de conocer y decidir. El recurso deberá presentarse con la firma del letrado de la parte que recurre.

Otra posible forma de recurso es la interposición de amparo, una medida judicial que permite proteger los derechos fundamentales de las personas. En este caso, el militar podría interponer una demanda de amparo para proteger sus derechos de identidad de género.

Es claramente necesario proteger los derechos de identidad de género de todas las personas y evitar la discriminación basada en dicha identidad.

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