A grandes rasgos, se
trata de un patrimonio de destino o masa patrimonial que tiene como
titular a una persona con discapacidad. A esta se le aportarán
bienes y derechos a título gratuito y se determinarán unas medidas
concretas para que estos bienes y derechos cubran sus necesidades
vitales.
Los patrimonios
protegidos están regulados por la Ley 41/2003, de 18 de
noviembre, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad. Esta tiene como objetivo principal regular y
fomentar la creación de una masa patrimonial con la que pueda
afrontar gastos como la manutención y los cuidados médicos y
personales.