El
impuesto de plusvalía es aquel tributo sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que recaudaba los ayuntamientos cuando se vendía o se donaba un inmueble. Esta pasada semana, el 26 de octubre, el Tribunal Constitucional
tumbó este impuesto con una nueva sentencia que obligará a Hacienda a
tener que reformular la norma para que, de esta manera, los ayuntamientos puedan mantener uno de sus ingresos más importantes.