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Criptomonedas y Hacienda: ¿qué nos depara 2023?
Hasta ahora, las criptomonedas han permanecido en un limbo dentro de la ley, pero su creciente popularidad, incluso transaccional, tanto en negocios virtuales como físicos, ha hecho que poco a poco empiecen a introducirse algunas modificaciones en el sistema. A partir del próximo 1 de enero de 2023, tanto las personas como las entidades poseedoras de este tipo de activo, estarán obligadas a declarar sus criptomonedas a hacienda anualmente, algo que, hasta ahora, no tenían por qué hacer.
¿Cómo se verán reflejadas las criptomonedas en la Declaración de la Renta?
En el caso de las criptomonedas, no solo habrá que incluir las ganancias a la hora de tramitar la Declaración Anual de la Renta, sino que se deberá informar sobre el total del saldo que se posee o se ha poseído en algún momento del año. Hacienda también pedirá información sobre los movimientos realizados y sus fechas, tanto por transmisión de compra-venta e intercambio, como sin transmisión. Todo ello acompañado de las direcciones públicas del origen y el destino de las mismas, en caso de haberlo.
El tipo de criptomoneda y su equivalente en euros también será uno de los puntos a detallar, además del rendimiento de capitales que estas generen.
¿Quién tendrá la obligación de declarar sus criptomonedas a Hacienda?
En lo que respecta a titulares particulares, solo aquellos que superen los 50 000 euros se verán obligados a declarar por este tipo de activos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023.
De cara a los años posteriores, aquellos que hayan realizado su declaración en 2023 deberán declarar de nuevo únicamente en caso de que su saldo conjunto se haya incrementado en un mínimo de 20 000 euros más respecto al año anterior.
¿Cuál será la multa por no cumplir con esta obligación?
Se estipulan ciertas medidas de control recogidas en el Proyecto de Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Habrá sanciones de 5 000 euros por cada conjunto de datos falsos, inexactos o no incluidos en la declaración, con un mínimo de 10 000 euros. Lo mismo ocurrirá en caso de no informar debidamente sobre cada uno de ellos.
Todo ello además de las sanciones en el retraso de la entrega de información, con multas de 100 euros por cada dato o conjunto con un mínimo de 1 500 euros.
Recuerde que, si tiene cualquier duda o necesita asesoramiento, puede llamarnos a Antolino Advocats marcando el 630 70 62 27 o el 93 518 21 21. También puede escribirnos a montserrat.antolino@icab.cat para solicitar cualquiera de nuestros servicios.
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