La Ley 1/2023, de 15 de febrero, tiene como objetivo establecer medidas con las que proteger el derecho de propiedad y para promover la interrupción de la permisividad que presentan los “grandes tenedores”, cuando se producen ocupaciones ilegales en las fincas que están bajo su propiedad.
Recordemos que, según la legislación de Cataluña, se denominan “grandes tenedores” a las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, a las entidades de gestión de activos, a los fondos de inversión o a los de capital de riesgo. Además, se consideran bajo esta categoría a las personas jurídicas que sean titulares de más de 10 viviendas o las personas físicas con más de 15 viviendas bajo su propiedad.